Presenta recurso de inconstitucionalidad contra patrullajes militares

Tegucigalpa.

Wilfredo Yánez, padre de Ebed Jaziel Yánez Cáceres, quien fue ultimado por militares el pasado 27 de mayo en horas de la madrugada, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que faculta a los militares a realizar patrullajes en apoyo a la policía.

El Comité de Familiares de Detenidos en Honduras (Cofadeh), organización defensora y promotora de los derechos humanos, apoyó la acción de Wilfredo Yánez a través de la coordinadora Bertha Oliva y de su equipo de abogados.

El presidente Porfirio Lobo decretó el 5 de diciembre pasado “emergencia en materia de seguridad pública” para autorizar a los militares a que apoyen a la policía, desacreditada por el involucramiento de algunos de sus efectivos en el crimen organizado.

Oliva dijo en rueda de prensa en la sede del Cofadeh que el recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados del Cofadeh a la Corte Suprema de Justicia “está basado en los párrafos segundo y último del artículo 274 de la Constitución, que establecen las funciones específicas de las Fuerzas Armadas”.

"Más bien le exigimos que expulse a los militares de Hondutel, Marina Mercante, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Mercadeo Agrícola, empresa de energía y otras instituciones estratégicas que secuestraron después del golpe de Estado del 28 de junio contra el expresidente Manuel Zelaya", subrayó.

La activista señaló que “cuando los militares invaden los espacios ciudadanos, los enemigos ya no están en las fronteras terrestres, sino en nuestras calles, campos de cultivo, universidades y templos. Y disparan a matar a las ideas y a los cuerpos. ¡No queremos más víctimas!”.

La participación de los militares en los operativos obedece también al desprestigio de la policía, muchos de cuyos integrantes son sospechosos de integrar cárteles de drogas y ser autores de secuestros, robos de automóviles o asesinatos por encargo.

La apoderada legal del Cofadeh, Carol Cárdenas, manifestó que “según la jurisprudencia decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los militares no pueden hacer acciones en protección a la ciudadanía porque ellos están entrenados especialmente para situaciones graves y no para hacer actuaciones que son de la Policía porque ellos tienen un entrenamiento diferente”.